El miércoles Toñi Santiago, la madre de Silvia Martínez, prefería no hacer declaraciones. Prefería guardar todas sus fuerzas para asistir con entereza al juicio que al día siguiente debía celebrarse en la Audiencia Nacional contra los etarras Óscar Celarain Ortiz, “Peio” y Andoni Otegi Eraso, “Iosu”. Ellos están acusados de haber colocado el coche bomba junto al Cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola que acabó con la vida de Silvia Martínez, de 6 años de edad, y de Cecilio Gallego, que murió mientras esperaba el autobús.
Pero finalmente el juicio no se celebró ayer jueves. Fue aplazado “sine die” debido a la avería del furgón que trasladaba a uno de los acusados, Otegi, desde la prisión madrileña de Alcalá Meco.
Así pues, tras nueve años de espera, los padres de Silvia Martínez deberán esperar aún más hasta que se celebre la vista.
El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, señaló que prefería que se retrasase el juicio ya que era imposible saber a qué hora llegaría el preso y que prefería que todos los testimonios se recogiesen en el mismo día.
Los padres de Silvia Martínez y la Asociación Voces Contra el Terrorismo (VcT), de la que forman parte, han solicitado que se esclarezca la avería del furgón que el presidente ha calificado de “incidencia”. En un comunicado VcT solicita que “se tenga más en cuenta el calvario por el que pasan las víctimas para evitar que se repitan episodios de falta de previsión como éste”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional iba a pedir sendas penas de 1.180 años para los etarras. En su escrito de acusación sostiene que Celarain y Otegi se desplazaron el 28 de julio de 2002 hasta Santa Pola y se hospedaron en el Camping Bahía. Sobre las 20:25 h hicieron explotar un coche bomba que aparcaron junto a la valla del cuartel con el objetivo de causar el máximo número de víctimas. Resultaron heridas además otras 55 personas y se produjeron daños materiales cuya reparación costó más de 6 millones de euros.