El pasado martes las cosas, podría decirse, pasaron a mayores. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Santa Pola dio un paso más allá en la línea de protestas y acciones reivindicativas que, hasta ahora, llevaban a cabo. “Hemos decidido llevar la línea de acción a otros niveles, en vista de que no se nos estaba escuchando por parte de la entidad”. Así, y tras más de medio año sin obtener una respuesta por parte de los responsables, alrededor de las 11.00 de la mañana del martes 4 de junio unas veinte personas realizaron una sentada dentro de la oficina. Su objetivo, mantener una reunión con la directora y que se contestaran sus preguntas. Agentes de la Guardia Civil procedieron al desalojo de forma pacífica de todas aquellas personas que participaron en el mismo y, rodeados de vítores, consignas coreadas a través de un megáfono y originales eslóganes, fueron identificados por los agentes de la autoridad. De hecho, y aparte de las posibles medidas que puede tomar la sucursal de Bankia en cuestión, se enfrentan a una posible denuncia por alteración del orden público, como mínimo. Cuatro unidades móviles de la Guardia Civil y otras tantas de la Policía Local fueron desplazadas al lugar para monitorizar la acción reivindicativa. Una acción en la que, según algunos agentes, “se ha cruzado claramente una raya”. Sin embargo, esta drástica medida parece haber tenido sus frutos, puesto que sí consiguieron reunirse con la directora de la entidad y, además, el pasado miércoles por la mañana mantuvieron un encuentro formal con el jefe de zona “vigilado en todo momento por la Benemérita a lo largo de una reunión larga y tensa”, según indicaba la portavoz de la plataforma, Alicia Orgíles.
Posible “estafa” del banco
“El jefe de zona”, añadía Orgíles, “no ha sido informado en ningún momento de nuestro caso. De hecho, se quedó de piedra cuando se enteró de que la entidad no nos había informado de que contábamos con seguros de protección de hipoteca. Seguros que no hemos podidos disfrutar porque no se nos informó como clientes de que existían en su momento. Es ahora cuando este señor se ha comprometido a entregarnos las pólizas, así como a darnos una contestación en un plazo de quince días sobre si aceptan o no la dación en pago o si otorgarán el alquiler social”.
Alicia Orgiles quería indicar que acudirán a la vía judicial para denunciar lo que ella considera “una estafa, porque nosotros no tendríamos que haber refinanciado nuestras hipotecas en ningún momento. Ninguna de las tres familias afectadas”.
Finalmente, afirmaba que “las acciones van a continuar, además, serán de todo tipo, y somos conscientes de que habrá una denuncia. No tenemos miedo de acudir ante el juez porque consideramos que estamos defendiendo nuestro derecho a una vivienda digna. Un derecho presente y protegido por la Constitución”.