Los afectados por el deslinde de Playa Lisa se han reunido este miércoles en la Iglesia de San Antonio de Padua para recibir información sobre el estado del procedimiento de deslinde mediante el cual el Ministerio de Medio Ambiente pretende arrebatarles sus propiedades, en aplicación de una ley que no existía cuando fueron adquiridas, la actual Ley de Costas (en vigor desde 1988).
En un ambiente de gran enfado, los vecinos escucharon de boca de su abogado defensor el relato de cómo la Jefatura Provincial de Costas de Alicante ha adoptado la medida de impedir el acceso a parte de los expedientes de deslinde que afectan a miles de propietarios legales, en toda la costa de Alicante.
Tras expresar su incredulidad ante esta nueva vuelta de tuerca en el litigio que mantienen frente a Costas, los vecinos acordaron en asamblea denunciar a la Jefatura de Alicante, por impedir el acceso a lo que consideran “un derecho elemental a la defensa de personas”.
De este modo los vecinos de Santa Pola han decidido sumarse, como parte afectada, a la
la denuncia «por coacciones» de los afectados de Jávea, presentada esta semana por el secretario de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.
Además los vecinos de Santa Pola se unirán, también, a la petición de firmas «para modificar la retroactividad de la ley», promovida por la asociación de vecinos afectados en la pedanía vecina de Arenales del Sol.
“No estamos solos, porque son muchos los afectados en toda España. Nos vamos a solidarizar con los afectados de Jávea y con los de Arenales, Denia, y la Albufereta”, declaró al término de la reunión la presidenta de la asociación de vecinos de Playa Lisa, afectados por el deslinde, María Nieves Pastor.
Según estos propietarios de ochenta viviendas unifamiliares situadas en primera línea de playa, Costas se basa para modificar la línea de propiedad del estado en unas pruebas, o calicatas, “que creemos que fueron obtenidas ilegalmente”. Los vecinos afectados anunciaron que volverán a pedir al Ayuntamiento de Santa Pola que les preste su apoyo: “si el Ayuntamiento abre un expediente sancionador contra la empresa que realizó las calicatas sin solicitar el preceptivo permiso, podríamos declarar ilegales las pruebas de Costas y conseguir anular el expediente de deslinde para salvar nuestras viviendas legales”, comunicó María Nieves Pastor a los vecinos de la Asociación.
Los afectados por este deslinde han solicitado información sobre dichas pruebas, supuestamente realizadas en suelo de propiedad municipal, tanto al Ayuntamiento de Santa Pola como a la Dirección de Sostenibilidad de la Costa, sin haber obtenido, hasta la fecha, ninguna respuesta.
Tras este bloqueo informativo de Costas, el abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas ha enviado este lunes una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
En la misiva, que publica íntegra este diario en su edición digital, José Ortega exige al presidente: “que ponga fin a la cerrazón de sus ministros y sus directores generales”, y le plantea la imposibilidad de entender el concepto de patria, “cuando no hay respeto a los derechos civiles”.
