El Pleno de la Corporación Municipal del pasado mes de enero requirió al actual agente urbanizador del PAI Balsares (donde se contempla la construcción de cerca de 5.000 viviendas, tres campos de golf y una zona comercial, entre otras infraestructuras), Bankia Hábitat, quien es la encargada única de la ejecución de este plan que data del año 2008, la constitución de la garantía de promoción pendiente de la cuantía del 5% de los costes y cargas de urbanización.

Se darán tres meses a partir de la comunicación del requerimiento en aprobación en Pleno. En caso de que la garantía (pago monetario al Ayuntamiento) no se constituya (realice) en este plazo se iniciará un expediente por incumplimiento de los compromisos adquiridos. Del mismo modo, se le negará la condición de agente promotor de la actuación.

Esta garantía del 5% también tiene que ser actualizada y podrá acordarse a partir de ella la cesión como agente urbanizador. De adoptar este acuerdo, el nuevo agente que aparece como cesionario (Cedente: Bankia Hábitat; Cesionario: Constructores Urbanos del Mediterráneo SL) habrá de hacer frente a las nuevas obligaciones económicas y a los términos y plazos propuestos en la actuación del PAI.

Trinidad Ortiz, concejal de Urbanismo, explicó que el Pleno es el encargado de dar traslado a los requisitos que pone el Ayuntamiento para que pueda darse la cesión de la condición de agente urbanizador en el sector Balsares. Para ello, se debe constituir la garantía, “unos 5,5 millones de euros. Si se deposita el aval se continuarían con los siguientes pasos necesarios pero, de no hacerlo, no habría ningún tipo de cesión”.

Después de la cesión, habrá que estudiar el desarrollo y programación de la ejecución del sector Balsares con el nuevo agente urbanizador.

Ana Antón: no premiar a quien no cumple

Compromís votó en contra de esta cesión porque, recordó, está previsto en el Plan General la creación de miles de viviendas, campos de golf y zona comercial, entre otras cosas, “lo que supondrá que, con la cesión, la nueva empresa se convertirá en agente urbanizador y termine haciendo realidad todo lo mencionado”.

Agregó que no hay que olvidar “que ya en 2014, el equipo de Gobierno del PP, se planteó en Pleno retirar la condición de agente urbanizador a Bankia por incumplimiento reiterado de sus obligaciones. Los propios propietarios fueron quienes llevaron a cabo la tramitación de toda la documentación y, al final, no se finalizó el proceso”. Más tarde, Bankia reclamó al Ayuntamiento la devolución de 4 millones de euros que había pagado en concepto de plusvalías, se le denegaron y se le retiró la condición de agente “porque ellos mismos dijeron que no tenían ninguna intención de hacer el proyecto. Ni la tenían, ni la tendrían”.

En 2019, por sentencia judicial, se falló que no se habían de devolver los cuatro millones, “y por tanto se podía librar el último escollo para retirar la condición de agente urbanizador a una empresa que durante veinte años ha tenido bloqueado el sector, sin intención alguna de hacer lo que en su momento se demandó”.

Para Compromís, que en aquel momento votó en contra, “porque pensábamos y pensamos que es una barbaridad que en un pueblo como Santa Pola, con escasa disponibilidad de terrenos, o en las pocas zonas agrícolas que quedan se haga esto”.

Los propietarios, según Antón, no han recibido contacto por parte del Ayuntamiento, “ante un proyecto que está desfasado desde hace veinte años. Consideran que, aún así, la nueva empresa, el nuevo agente urbanizador, no posee las garantías necesarias para ejecutarlo”.

Compromís considera imprescindible que no se realice la cesión porque, entre otros motivos, “el convenio está en causa de resolución. No se puede dar beneficios o facilidades a una empresa que, en veinte años, no ha meneado un papel; que en veinte años lo único que ha intentado es que el Ayuntamiento le diera un dinero que no le correspondía y que en veinte años lo único que ha querido es hacer negocio como agente urbanizador, intentando salirse de un proyecto que, por entonces, suponía un gran negocio para ellos”.

No entiende Antón ni Compromís por qué se sigue manteniendo a Bankia como agente urbanizador, por qué no se intenta resolver eso, “ver la situación real del sector e intentar que no salga este proyecto obsoleto”. También demandó al Gobierno local que se sentara con los vecinos, “quienes están completamente en contra de este proyecto desfasado”.

Les preocupa quién será el encargado de realizar el proyecto de reparcelación y entienden que, si esto se solicitó en abril de 2021, los vecinos hicieron alegaciones en noviembre del 2021y, hasta ahora, no se ha sabido nada, “el intentar que Bankia se salga con la suya (pese a los reiterados incumplimientos de sus obligaciones) con la cesión de su condición de agente urbanizador”, le parece injusto.

“No es bueno para Santa Pola que salga este proyecto adelante de la forma que está, sin revisión medioambiental. Un campo de golf implica un enorme gasto de agua, que tiraría de la que está destinada a los cultivos. Se debe revisar completamente, se necesitan nuevos informes y se han de mantener reuniones con los propietarios”, explicó Antón.

Trinidad Ortiz: precisamente, porque no cumple

Por el exacto motivo del reiterado incumplimiento de Bankia, el Ayuntamiento quiere esa cesión bajo sus condiciones, “porque no cumple ni quiere. El Ayuntamiento ha recibido, por escrito, el interés de unos ciudadanos para constituirse como agentes urbanizadores. Por lo menos hay que contestarles y eso es lo que estamos haciendo, comunicarles los requisitos para constituirse como agente urbanizador”, según palabras de Trinidad Ortiz, responsable de Urbanismo.

Mentado el primer e indispensable punto, para Ortiz no se puede agachar la cabeza, “dejar esto en el cajón, porque Bankia no se mueve, que pasen veinte años más y no hacemos nada. Eso es lo que ha pasado”.

Ni se ha rescatado nada de ningún cajón, ni se quiere beneficiar a ninguna empresa, “porque ya en 2014 se intentó retirar la condición de agente urbanizador a Bankia. Lo más curioso es que, de 2015 a 2019 gobernaba también su grupo y no se hizo nada”, máxime cuando llevaban el área de Sostenibilidad. “Hicieron cero patatero. Se ganó la demanda por las plusvalías, pero no por la modificación del sector y la retirada de los miles de viviendas, la zona comercial y los campos de golf. Se podía haber modificado el Plan General y una zona verde”.

Lo que se realizó durante el gobierno conjunto de PSOE y Compromís, entre otros, fue “una suspensión de licencias que tenía vigencia de un año, si no lo incluían en ningún instrumento de planeamiento. A los dos años, se dieron cuenta de que la suspensión de licencias estaba caducada y no lo habían incluido en instrumento de planeamiento alguno”.

Ortiz aseveró que “es mucho más bonito no hacer nada, dejarlo morir ahí y, ni zona verde, ni campo de golf, nada. Si no te gusta el sector, trabajas, lo mueves y lo planificas de otra manera”. Sobre la aparición de los propietarios en prensa, destacó que la única persona que ha aparecido en los medios ha sido la propia Antón, “diciendo que el Ayuntamiento rescata un proyecto de hace veinte años”.

Confirmó a la concejal de Compromís que son varias las veces que se ha sentado con los propietarios afectados, “además de la alcaldesa. Por eso están personados en el expediente, se ha contestado a sus alegaciones y, como bien se informa, de lo que se dé cuenta aquí se trasladará a los vecinos para que ellos digan lo que tengan que decir”.

Sobre las plusvalías, es consciente de que aún les queda el ingreso de 14,5 millones de euros, “de un total de 18 millones de euros de las plusvalías especiales por reparcelación y recalificación del sector. Ni tenemos que devolver nada y sí hay que ingresar 14,5 millones, más el 10 % que le pertenece al Ayuntamiento libre de cargas menos los costes de urbanización si se aplica este programa”.

Ortiz remarcó que esto se trataba de un “paso inicial. Comunicar los requisitos que pide el Ayuntamiento y, de cumplirse, se cederá. Si no se cumplen, no se hará. Si no se cede volveremos a ver qué hacemos con el sector, si sacamos a licitación la condición de agente urbanizador, si son los propietarios los interesados en hacerlo. Pero hacer algo”.

Loreto Serrano: Buscamos soluciones, no sacar proyectos de los cajones
La alcaldesa quiso dejar meridianamente claro que no ha sido sólo una las veces que se ha reunido con los propietarios, “sino muchas más. Esta alcaldesa lo ha hecho y les ha indicado que ellos pueden ser los agentes urbanizadores. Me dijeron que no, que no son profesionales de la materia”.

El campo de golf, tal y como estaba, no va a ir así, “porque en eso estoy de acuerdo con usted. No deseo que vaya con esa cantidad de hoyos. Habrá propuestas diferentes. Pero ese no es el tema que tratamos ahora, sólo que, quien quiera ser agente urbanizador, debe cumplir requisitos que, incluyen, el poner 5,5 millones en el Ayuntamiento”.

También recalcó que habrá una modificación “importante, muy importante en el proyecto”. Los propietarios, además, tienen tres meses para alegar, “porque no tengo ningún interés personal con nada ni con nadie. Aquí, cuando entra un problema, buscamos soluciones, no lo dejamos en cajones guardados, como todo lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Y hay problemas de mucho tiempo, para empezar, acabamos de sacar la Casa de Don Gabino, que llevaba veinte años parado”.

Ana Antón: El PP votó a favor quitar a Bankia

En su turno de réplica, la representante de Compromís aludió al hecho de que, cuando emprendieron en la anterior legislatura las acciones necesarias para quitar a Bankia Hábitat la condición de agente urbanizador, “precisamente, por el mismo motivo que ustedes están esgrimiendo ahora: no hacer nada”, el Partido Popular votó de forma favorable.

Lo que entiende Compromís y quiere recalcar es que no toca ahora realizar una cesión del agente urbanizador, “sino resolver el convenio y plantear los pasos a dar a partir de entonces. No podemos dar a Bankia la oportunidad de seguir como tal”. Pide Compromís, por tanto, que se deje sobre la mesa el punto y se plantee “una nueva forma de hacer las cosas”.

José Pedro Martínez: No se puede renunciar a 18,5 millones

En 2018 se anuló la condición de agente urbanizador al encargado de hacer el IN-4, “pagándole 3,4 millones, debiendo hacer esta alcaldesa un plan de ajuste para poder pagar lo que se debía”, declaró la alcaldesa antes de dar la palabra al concejal de Hacienda.

José Pedro Martínez, edil de Hacienda, le recordó a Antón que no se podía resolver la condición de agente urbanizador “porque estaríamos perdiendo 18,5 millones de euros, que son del pueblo de Santa Pola”. En segundo lugar, tocaría devolver los 4 millones que, como adelanto, recibió por parte de Bankia, “y tercero, si tan convencidos estaban ustedes de resolver la condición de agente urbanizador... ¿por qué no lo hicieron y piden que lo hagamos nosotros?”.

El responsable de la cartera de Hacienda aseguró que se ha dejado aparcado “porque son 18,5 millones los que se pierden (y devolver en su momento 4 millones). Y no se van a dar a una entidad financiera. En el momento que se resuelve, hay que devolver el dinero”.

De la sentencia, en primera instancia, se deduce que Bankia no puede pedir la devolución de los cuatro millones entregados porque es agente urbanizador, “en el momento que deje de serlo, entonces podrá pedirla. Por eso no tiene sentido lo que está diciendo (a Antón)”. Además, la sentencia es del 22 de enero de 2019, “y la anterior corporación estuvo hasta el mes de julio. Si tanta alarma social provocaba este proyecto, podrían haber resuelto”.

Para José Pedro Martínez, los pasos son claros, “contestar una petición del año 2021... fíjese las vueltas que le hemos dado para sacar esto adelante”. El objetivo es recepcionar los 18,5 millones y de qué forma, “posteriormente, cuando cumplan las condiciones, que son durísimas, nos sentaremos a ver qué se puede hacer allí”.

“Todos los aquí sentados”, agregó, “estamos de acuerdo en que no puede haber 5.000 viviendas ni tres campos de golf en esa zona. Hay que reorganizar el proyecto y, si es por el agua, hay cuatro millones de metros cúbicos de excedente de la depuradora, una parte de ese agua va a las empresas propietarias de los suelos que se van a desarrollar, quedando gran parte del suministro garantizado”.

La propuesta salió adelante con 14 votos a favor, los pertenecientes al Partido Popular y Vox y 6 en contra.