
La promotora Masa deberá abonar al Ayuntamiento de Santa Pola unos 4 millones de euros en concepto de plusvalías por el plan parcial CJ-5 ubicado dentro de la zona de Gran Alacant. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la pretensión de la empresa de anular el convenio urbanístico firmado en el año 2004 entre la Agrupación de Interés Urbanístico Ciudad Jardín, con mayoría de la promotora Masa, y el Ayuntamiento de Santa Pola. Sin embargo, esta sentencia no es firme y contra ella, cabe recurso. Por este motivo, el Partido Popular “espera y desea que no prospere el recurso, ya que deseamos el cobro íntegro del convenio firmado en su momento. Lamentablemente se podría dar el caso (si prosperara el mismo) que el Ayuntamiento tuviera que devolver los 2.550.000 euros ya cobrados, más los intereses correspondientes y no poder ingresar las cantidades pendientes de cobro (3.460.121 euros)”.
En opinión de los populares, “desde que se firmó el convenio del CJ-5, en julio de 2004 los equipos de Gobierno del Partido Popular siempre han trabajado para cobrar a MASA todas las cantidades que se estipulaban en dicho convenio. Durante el gobierno del Partido Popular, hasta junio de 2015 (fecha en la que entró el nuevo equipo de gobierno), MASA había pagado la cantidad de 2.550.000 euros. El Partido Popular siempre mantuvo negociaciones con la misma para defender los intereses de nuestro pueblo, permaneciendo en vigor los derechos de cobro pendientes del convenio, y durante las negociaciones siempre se intentó llegar a un buen acuerdo y así evitar un contencioso que pusiera en riesgo los intereses económicos de nuestro Ayuntamiento, bajo el criterio del equipo de gobierno del Partido Popular que ‘siempre es mejor un acuerdo que un pleito’, contencioso que al final fue interpuesto por la empresa MASA contra el Ayuntamiento de Santa Pola por la nefasta gestión de Ignacio Soler y que además tiene un resultado incierto ya que cabe recurso contra la sentencia dictada ante el T.S.J.C.V”.
El PP recuerda que durante todos los años de gobierno del Partido Popular “se llevaron a cabo negociaciones dentro del escenario de crisis económica que se generó a partir del 2008 y que aún perdura. La consecuencia fue la paralización de la construcción que provocó la bajada de la demanda, de los precios y del valor del suelo y como consecuencia de las dificultades económicas de todas las empresas, en especial las empresas constructoras-promotoras. Esta situación de crisis frenó el desarrollo del sector CJ5, y por tanto de la viabilidad económica del convenio”.
Reuniones con la empresa
En esa coyuntura, el Partido Popular “mantuvo varias reuniones con la empresa para establecer el calendario de los pagos que estaban pendientes de ingresar en el Ayuntamiento. La negociación para alcanzar este objetivo iba en los siguientes términos:
En primer lugar, el pago de las cantidades establecidas en el Convenio a medida que se iban ejecutando las viviendas en el momento en que se solicitaba la licencia de obras. Es decir, se le liquidaba la cantidad derivada del impuesto de construcción y obras más la parte proporcional de la cantidad pendiente del convenio correspondiente a los metros construidos.
Derivado de lo anterior, la cantidad pagada hasta la fecha por la empresa es de 2.550.000 euros cantidad que es superior a la que le hubiera correspondido pagar por los metros que realmente habían construido hasta el año 2016.
Todo lo que dice el concejal tránsfuga Ignacio Soler es una tergiversación de lo que realmente ha ocurrido y un falseamiento malintencionado de la realidad, de las negociaciones llevadas por el equipo de gobierno del Partido Popular y MASA y del abono de cantidades por parte de la empresa. Y su único fin es engañar y confundir a la opinión pública sobre la verdadera gestión realizada por el gobierno del Partido Popular”.
En este mismo sentido, “teniendo en cuenta que la modificación del Convenio que se llevó al Pleno por parte del actual equipo de gobierno iba en los mismos términos en los que el Partido Popular había negociado anteriormente con la empresa, como no podía ser de otra forma, estuvimos de acuerdo y votamos a favor (coincidía con nuestro planteamiento de evitar el contencioso y llegar a un acuerdo justo para ambas partes). La propuesta suponía una reducción del 19,50% de la cifra inicial, es decir una reducción por importe de 1.171.973,60€, exactamente la misma cantidad que el Partido Popular había negociado con la empresa y con los mismos criterios e informes técnicos que obran en el expediente que lo avalaban. De hecho, el actual equipo de gobierno presentó los mismos informes que el Partido Popular solicitó en su momento a los técnicos, informes que sirvieron para que el Partido Popular iniciara las negociaciones con MASA. El actual equipo de gobierno lo único que ha hecho ha sido aprovechar el trabajo previo realizado por el Partido Popular”.
A fecha de hoy, las cantidades ingresadas por la empresa al Ayuntamiento ascienden a 2.550.000 euros y corresponden a lo edificado hasta el año 2016. De hecho, recalcan los populares, “había ingresado 96.737,72 euros de más de lo que le correspondía según el Convenio. Y así se hace constar en los informes solicitados por el Partido Popular y emitidos por la Arquitecto Municipal y el Letrado Asesor, que transcribimos literalmente “Con relación a las viviendas que, a fecha de hoy, han obtenido licencia dentro del periodo de vigencia del Convenio, la Mercantil Monte y Mar de Santa Pola, S.L. debería haber abonado la cantidad de 2.453.262,28 €; habiendo pagado la cantidad de 2.550.000 €; existe por lo tanto una diferencia a favor de la mercantil de – 96.737,72 €, cantidad que podrá compensarse con otras deudas a favor del Ayuntamiento”.
Para el PP, “con independencia de las cantidades abonadas y pendientes de abonar por MASA al Ayuntamiento referidas al convenio, el equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Santa Pola negoció con la empresa para que abonara (desde el año 2011 al 2015) más de 2.000.000 euros, que se correspondía principalmente a plusvalías por venta de viviendas (mayormente), tasas, ICIO, IBI, Infracciones Urbanísticas, etc. La empresa abonó estos 2.000.000 euros puntualmente, tal y como se había negociado con el Partido Popular, realizándose el último pago en julio de 2017. Es más, durante la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular, dicho equipo de gobierno embargó dos fincas a la empresa MASA, valoradas en casi cuatro millones de euros (4.000.000 euros), con el objetivo de asegurar que el Ayuntamiento de Santa Pola cobrara íntegramente las cantidades económicas a las que estaba obligada la empresa. Miente el concejal Ignacio Soler cuando da a entender que el Partido Popular no estaba reclamando deuda alguna a MASA cuando lo cierto y real es que dicha empresa abonó más de 4.500.000 euros al Ayuntamiento de Santa Pola durante el mandato del Partido Popular”.
No hay quebranto económico
“Miente nuevamente y de forma interesada la alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, al afirmar que “la deuda de MASA era un quebranto económico a las arcas municipales”. El convenio firmado con MASA estaba en vigor, sigue estándolo y sin ningún tipo de riesgo para el Ayuntamiento de que prescribiera el plazo para reclamar la deuda de MASA, que no hubiera prescrito hasta el año 2027, tiempo más que suficiente para negociar la deuda, liquidarla e ingresarla en las arcas municipales. Máxime cuando habían abonado 96.737,72 euros de más hasta la fecha”.
Como conclusión, el PP de Santa Pola asegura: “Nunca ha existido quebranto económico para las arcas municipales. Eso es totalmente falso. Todo lo que dicen el concejal tránsfuga y la alcaldesa es una tergiversación de lo que realmente ha ocurrido y un falseamiento malintencionado de la realidad de las negociaciones y del abono de cantidades por parte de la empresa. Y su único fin es confundir a la opinión pública sobre la verdadera gestión realizada por el gobierno del Partido Popular. Lo que sí es una realidad es que ni la alcaldesa ni el que hasta hace poco era concejal de Hacienda (hasta que una sentencia le ha quitado dicha delegación obtenida en fraude de Ley) no han conseguido ingresar ni un solo euro derivado del Convenio con MASA. Los que venían a salvar a nuestra Santa Pola y a reanimarla porque según ellos estaba muerta son un auténtico fraude en cuanto a gestión de los problemas de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo que es a lo que debieran haber empleado los 31 meses que llevan desgobernando Santa Pola”.