El pasado 24 de junio las familias de los niños y niñas escolarizados en el centro infantil Lysmon Santa Pola recibían vía Whatsapp un escrito firmado por la directora del centro donde les comunicaban que a pesar de sus esfuerzos, a partir de la paralización derivada del COVID-19 su situación económica empeoró hasta el punto de valorar la imposibilidad de seguir prestando sus servicios.
El estupor de los padres fue mayúsculo ya que ni se les habían notificado previamente las dificultades económicas por las que estaba pasando el centro, se habían cobrado recientemente matrículas para el próximo curso escolar e incluso mensualidades que no correspondían, tal y como nos explica el padre de uno de los escolares afectados.
Ante esta situación las familias han tratado de ponerse en contacto con la gerencia del centro para pedir explicaciones sobre lo acontecido y sobre cuándo se les devolvería el importe por la pre-matrícula ya abonado, sin obtener ningún tipo de respuesta.
Otro de los padres afectados, manifiesta sentirse desamparado ya que otra de las consecuencias derivadas de este inesperado cierre es la falta de plaza escolar para el próximo curso de sus hijos e hijas.
Por ello 42 familias “hemos creado una plataforma de afectados para poner reclamaciones de la estafa que hemos sufrido” comenta una de las familias, que además añade tener conocimiento de que “desde gerencia siguen aceptando matrículas de gente que no tiene constancia del cierre para el curso que viene, curso que no se va a realizar en esas instalaciones”.
De momento los afectados han tomado varias medidas como estudiar la contratación de un abogado para defender sus derechos, denunciar la situación ante la OMIC y divulgar lo ocurrido a través de redes sociales, aunque como nos indican “ellos ya han hecho desaparecer las páginas correspondientes de Facebook e Instagram”.