Ante la incertidumbre inducida por las cartas recibidas por los propietarios de viviendas con más de 40 años de antigüedad, la Concejalía de Urbanismo quiere transmitir que el fin de la misma es informativo, y que desde el Consistorio se van a realizar los esfuerzos necesarios para asesorar a quienes lo necesiten”. Igualmente, afirma que “no se trata de un impuesto, una tasa o un ingreso municipal, sino de proteger a los ciudadanos de posibles accidentes”. La Ley obliga al Ayuntamiento de Santa Pola a elaborar un censo de viviendas cuya existencia supere las cuatro décadas, así como a comunicar a los propietarios de las mismas lo estipulado en la normativa, es decir, el deber de examinar el estado del edificio. Lola Gadea, edil de Urbanismo, utiliza para este caso el ejemplo de “la inspección periódica de los vehículos para seguridad de todos”.
Por otra parte, se alude a la agresividad del ambiente para con las estructuras de los hogares debido a la influencia salina del mar y el nivel freático del subsuelo. Además, añade, “no hay que olvidar que algunos domicilios españoles han colapsado en los últimos años, provocando la muerte de personas, por lo que debemos velar por la seguridad y el mantenimiento de las casas que habitamos”.
Asimismo, el ejecutivo gobernante de la localidad expresa que “se tendrá en cuenta la situación económica de los ocupantes de las viviendas y se establecerán los plazos acordes y necesarios para conseguir el objetivo final: proteger a los ciudadanos e intentar que dicha tutela no altere la economía de los mismos”.
Finalmente, la concejal ruega a todos los interesados que se pongan en contacto con ella (965411100, extensiones 1321 y 1350) para resolver cualquier duda o problema que tengan al respecto.