La Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Arrastre de Santa Pola quiere manifestar su descontento “con las prácticas de reconocimiento destinadas a comprobar la legalidad de las redes de pesca de arrastre”, tal y como apuntan en un comunicado remitido al medio. “Las inspecciones se llevan a cabo en el mar y requieren el cese de la faena por parte de los marineros”, que lo consideran una interferencia irreparable que reduce, en primer lugar, sus ingresos y, en segundo, todos los del sector.

Demoras de horas

Además, el colectivo señala que los inspectores “no suelen limitarse a examinar las mallas, sino que aprovechan para efectuar revisiones documentales que conllevan demoras de una o dos horas”. Reme Ruso, presidenta de los Armadores de Arrastre de Santa Pola, enfatizaba el hecho de que “en Santa Pola, cada barco de arrastre emplea a una media de cinco personas. Si tenemos alrededor de treinta buques, estamos hablando de 150 puestos de trabajo directos. A éstos hay que sumarles el personal de talleres y resto de actividades auxiliares que depende de los barcos. De seguir así, contemplaremos la destrucción de todo un sector económico a no mucho tardar”.
Por otro lado, la agrupación pesquera afirma que estos actos de instrucción violan la ley vigente que los regula y propone que las verificaciones se realicen en el puerto, “tras la recalada de los buques de captura y mientras se realiza la descarga de la mercancía”.