enviar por emailEl PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto “caso de nepotismo funcionarial en el Ayuntamiento de Santa Pola” en las adjudicaciones de contratos del Plan Confianza a familiares de técnicos municipales. “Estos hechos han generado alarma social y los ciudadanos exigen que se investigue y se depuren responsabilidades”, señaló la portavoz socialista, María Lafuente, el pasado sábado. “Los proyectos tuvieron entrada en el Ayuntamiento, y el mero hecho de anularlos no puede dejar impune a los responsables”, opina Lafuente quien entiende que estos hechos son “ilícitos a juzgar por la reacción del Equipo de Gobierno del PP, encabezado por Miguel Zaragoza (anulando las contrataciones) y por la de los técnicos implicados (todos los adjudicatarios han renunciado a sus proyectos ya contratados, ejecutados y entregados al Ayuntamiento)”. Tras la denuncia, el equipo de gobierno replica que “todo el proceso ha sido llevado a cabo por el Ayuntamiento bajo el asesoramiento de los técnicos municipales, y con la conciencia de cumplir escrupulosamente con la legalidad. De hecho, en ningún momento de la tramitación de los expedientes hubo ningún informe en contra.Estamos absolutamente tranquilos y convencidos de que la Justicia dará la razón al Ayuntamiento”. “Además de injustas, las actuaciones deberían haber sido a sabiendas y el equipo de gobierno no tuvo ningún informe jurídico que dijera que hubo irregularidades”, explica la edil Lola Gadea.
Anterior denuncia sobreseída por el juez
El PSOE ya presentó otra denuncia ante fiscalía anticorrupción por las supuestas irregularidades cometidas por la anterior edil de Hacienda, Cándida Agulló. Ante la pregunta de un periodista sobre el asunto, la portavoz del PSOE dijo el sábado que “sobre ese tema no sabemos nada”. “María Lafuente no sabe nada porque es desfavorable para ella y su partido y es incapaz de echar marcha atrás y decir que fue un error denunciar”, indica el alcalde, Miguel Zaragoza. De hecho, el juez ya desestimó en abril de 2008 la denuncia interpuesta por el edil socialista Ramón Gómez. El magistrado dice que la única de las imputaciones que se ajusta al hecho denuciado es la de Negocios Prohibidos a los Funcionarios Públicos, pero entiende que no hay ninguna irregularidad porque Cándida Agulló no tuvo que emitir ningún informe preceptivo en el asunto que se trataba (la contratación de camiones para el transporte de tierras y escombros) “sino que se limitó a participar de la votación de asuntos que le podían afectar indirectamente”. “Tampoco puede desconocerse el dato de que la imputada en la declaración de bienes del Ayuntamiento ya hizo constar que era socia al 50% de la empresa Aguleo”, esgrime el juez en otro punto. “El PSOE lo único que pretende es dejar un velo de oscuridad sobre el equipo de gobierno, pero la gente nos conoce y sabe que lo que hacemos es trabajar muchas horas para traer lo mejor a nuestro pueblo”, afirma el alcalde. El portavoz del PP, Jorge Perelló, desveló el miércoles en rueda de prensa que el PSOE sí que conoció el sobreseimiento de esta denuncia ya que el propio denunciante, Ramón Gómez, presentó un recurso de reforma (posteriormente desestimado) en julio de 2008. “El PSOE demuestra que su política es la de las falsedades y la de la falta de ética”.
