Leo en el periódico el artículo sobre el derribo de los bungalows de Tabarca, que se llevan a cabo cumpliendo la sentencia judicial del Tribunal Supremo. Se podrá estar más o menos de acuerdo con la sentencia del Alto Tribunal pero, como ciudadano de a pie y que contribuyo con el pago de los impuestos al mantenimiento de nuestro estado de derecho, se deben de cumplir las sentencias, cosa que muchos estamentos públicos y políticos no lo hacen.
Sigo leyendo la noticia y aparece que el Consell quiere reclamar a los propietarios el pago del derribo de sus casas. Casas que contaban con las pertinentes licencias de obra y cédulas de habitabilidad, otorgadas por el Ayuntamiento de Alicante y los correspondientes permisos dados por la Generalitat Valenciana.
Qué más hay que tener para adquirir una vivienda, esté donde esté, que goza de todos los permisos y licencias y que después de gastarte un buen dinero, fruto del ahorro del trabajo de muchos años, te dicen que es ilegal por sentencia judicial y que se tienen que derribar y además, quien dio en su día los permisos, reclama ahora el pago de dicho derribo.
¿En qué estado de indefensión nos encontramos? Habrá que pedir las responsabilidades a todos aquellos que en su día otorgaron dichas licencias y permisos.
Lo dicho, ¡esto es de locos!