Yo, Santapolera de nacimiento, con este escrito quiero poner en conocimiento de todos los ciudadanos de mi pueblo, la situación que estamos viviendo ante la decisión del ex alcalde y su equipo de Gobierno de construir una Macrogasolinera, unos lavaderos de coches, un centro comercial y un apeadero de autobuses, aunque a todo esto ellos insistan en llamarlo “l’Estació de Santa Pola”.
En 2005 decidí comprarme una vivienda ante una estación de autobuses, pensando que en pleno siglo XXI, los técnicos y los constructores la ejecutarían con el más riguroso del sentido común para que el impacto con las personas que vivimos allí fuera mínimo. ¿Cuál es mi sorpresa 10 años después? Que del 100% del terreno del pueblo destinado a ser la estación de autobuses de Santa Pola , sólo utilizan un 15% del mismo a este fin, porque el 85% restante se cede a una empresa privada para la construcción de una Macrogasolinera con lavaderos de coches y un centro comercial privado, ya que el empresario lo pone como condición para la construcción de la estación. Que los santapoleros recuperaremos en 40 años. Y todo ello por el módico precio de tres carriles asfaltados y una mini oficina de venta de billetes. Y para colmo con una distribución, lo más perjudicial y molesta a los vecinos que vivimos en la calle Otilia.
Los mismos 40 años que la urbanización que está a escasos 12 metros de este complejo privado, ha de padecer la irresponsabilidad de la decisión política de tener una estación de autobuses a toda costa, aunque salgamos perjudicados.
Pero mi indignación crece, cuando todos los vecinos de la urbanización a la que pertenezco, nos hemos encontrado con la construcción de la gasolinera, no habiendo sido considerados parte del expediente y por lo tanto no hemos podido hacer las alegaciones oportunas sobre la barbaridad de semejante Macroconstrucción a escasos 12 metros de nuestras viviendas. ¿Quién ha valorado la idoneidad de colocar esta actividad ante 32 familias y un cuartel de la Guardia Civil? ¿Dónde está ahora la preocupación del antiguo equipo de gobierno, frente a la seguridad de las familias de la Guardia Civil? O es que nos hemos olvidado del atentado terrorista. Esta forma de actuar no es propia de sociedades civilizadas y democráticas.
Es más mi indignación aumenta cuando tengo en mis manos un documento en el que la junta de gobierno de 20 de marzo de 2015, se denegó a otro empresario la colocación de una gasolinera en la carretera de Elche 34 por posible remodelación urbana y su recalificación de uso residencial y por tanto incompatible, así como por la proximidad a otra gasolinera. Y sin embargo a la actual empresa constructora se le otorga la instalación sin tener en cuenta estos criterios, sabiendo de nuestra existencia desde hace 8 años. ¿A caso ha sido una adjudicación arbitraria?
¿Y qué pasa con las familias de la calle Otilia nº1?
Que pasaremos 40 años con el tráfico infernal de los autobuses a pie de calle, ya han sustituido el aparcamiento de la calle Otilia por un carril bus, donde van a parar todos los autobuses antes de entrar a los andenes para identificar sus matrículas, y el tráfico incesante de una gasolinera, con la entrada y salida de camiones de gran cilindrado con sus ruidos, sus humos y el ruido frenético y estresante de tres lavaderos de coche colocados a escasos metros de nuestros dormitorios. Sí queridos vecinos, se nos ha castigado a vivir el resto de nuestras vidas, con las ventanas cerradas y el aire acondicionado puesto, con el gasto que ello conlleva, a elevar el volumen del televisor para escuchar de forma digna un programa, a no poder leer en silencio y a no tener intimidad por el trasiego de gente que nos han otorgado. En general hemos perdido calidad de vida.
Por situaciones como ésta debemos exigir que las decisiones políticas tengan responsabilidad jurídica, mientras no sea así siempre estaremos en desventaja los mismos, los más indefensos ante estas situaciones, los ciudadanos. Y cualquier decisión política será válida por absurda que sea.
Las leyes están para cumplirlas y el sentido común para ejercitarlo. En esta situación un buen sentido común hubiese sido aquel en el que las partes coincidieran, compartieran y hubiesen llegado a acuerdos lógicos, para lograr un entorno higiénico y seguro para todos. Con sentido común el político gana con su decisión, el empresario con su ejecución y el ciudadano con su disfrute. Pero no ha sido así, y despropósito tras despropósito, las únicas consecuencias las vamos a sufrir las 32 familias residentes frente a la gasolinera.
