La Audiencia de Elche concluye que no hubo irregularidades en la compra de uniformes para la Policía Local

10/01/2025.- La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado sentencia absolutoria para todos los acusados en el ‘Caso Uniformes’ de Santa Pola, un proceso judicial que se inició en 2016 tras el cambio de gobierno municipal. Las acusaciones de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos han sido desestimadas.

Origen del caso

La investigación se originó con una denuncia del exedil de Ciudadanos, Ignacio Soler, respaldada posteriormente por la exalcaldesa Yolanda Seva. Se alegaba que la compra de uniformes y material para la Policía Local entre 2011 y 2015 se realizó sin los procedimientos de licitación adecuados.
El juicio analizaba la posible adjudicación irregular de contratos a empresas específicas, involucrando al exconcejal de Policía Antonio Pérez Huerta, al Comisario Jefe de la Policía Local José Miguel Zaragoza Fernández, dos agentes de la policía y los gerentes de tres empresas textiles.

Detalles de la sentencia

El tribunal determinó que las contrataciones se realizaron bajo la modalidad de contratos menores, práctica habitual en administraciones públicas para compras de menor cuantía, además de no poder atender las necesidades de uniformidad con otro modo de contratación. De hecho, el equipo de gobierno que les denunció tampoco pudo contratar de otra manera, tardando tres años en redactar los pliegos de condiciones para el nuevo contrato de suministro.

El tribunal ha concluido que no hubo concertación para dividir los contratos con el fin de evitar licitaciones públicas. Además, se destaca que las empresas proveedoras no eran ficticias ni "pantalla", como alegaba la acusación, sino que mantenían relaciones comerciales con otros ayuntamientos y organismos.

El fallo también subraya que las tres empresas pertenecían al mismo grupo familiar, pero operaban de manera independiente, con catálogos y precios diferenciados. El fundador del grupo empresarial, que falleció antes del juicio, dejó cada empresa a uno de sus hijos, quienes gestionaban de forma separada sus contratos y operaciones.

Los magistrados indican que no se ha demostrado ninguna irregularidad en los procedimientos administrativos, señalando que las actuaciones de los acusados estaban sometidas a los controles internos del Ayuntamiento de Santa Pola, como la Intervención y el Negociado de Contratación.

El papel de los agentes y responsables políticos

La Audiencia ha aclarado que los agentes de la Policía Local acusados no participaron en mesas de contratación ni en la elaboración de los pliegos técnicos. Según el fallo, las decisiones sobre las contrataciones se basaron en criterios de precio, calidad y servicio.

El entonces concejal de Policía, Antonio Pérez Huerta, también ha sido absuelto. La sentencia señala que no formó parte de la Junta de Gobierno local ni dio instrucciones específicas sobre qué empresas debían recibir los contratos. El tribunal destaca que Pérez Huerta actuó dentro del marco legal y que las decisiones de contratación fueron consensuadas con los departamentos correspondientes del Ayuntamiento.

El Comisario Jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza Fernández, fue absuelto tras demostrarse que su único papel fue verificar que los uniformes y materiales solicitados se entregaran correctamente antes de autorizar el pago de las facturas.

Reacciones tras la absolución

La concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, Ana Blasco, expresó su satisfacción por la sentencia y criticó la denuncia presentada por Yolanda Seva e Ignacio Soler, calificándola como una “persecución política”. Blasco exigió disculpas públicas a los autores de la denuncia.
La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, destacó que el fallo confirma la profesionalidad de los agentes de la Policía Local y que el juicio fue una “trama política”.

Conclusiones del tribunal

El fallo concluye que:
• No se probó que los acusados se concertaran para favorecer intereses económicos privados.
• Las empresas no obtuvieron beneficios ilícitos más allá de la actividad comercial habitual.
• No se generó perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de Santa Pola.
• No existió fraccionamiento ilegal de contratos, ya que cada contrato tenía un objeto diferente.
• Todas las prendas de uniformidad fueron entregadas correctamente a la Jefatura de Policía Local.

El impacto del proceso judicial en los acusados ha sido significativo, afectando su reputación personal y profesional. Uno de los acusados, el Oficial de Policía Pascual Linares Amorós, falleció durante el proceso sin poder ver su nombre exonerado.

La sentencia pone fin a ocho años de proceso judicial y confirma que no hubo actuaciones ilícitas en la contratación de uniformes en Santa Pola.